Las pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentan 62 obligaciones tributarias
Las pequeñas y medianas empresas argentinas deben afrontar al menos 62 obligaciones tributarias y administrativas por año, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de regímenes de retención, percepción e información. El dato surge del Vademécum Tributario Argentino de PyMES 2026, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El relevamiento advierte que la complejidad fiscal representa una carga adicional para las empresas, en un contexto marcado por la caída de la actividad y la mayor competencia de los productos importados.
De las 62 obligaciones identificadas, 34 corresponden a tributos y 28 a regímenes administrativos. Entre los impuestos nacionales figuran el IVA, Ganancias, el impuesto al cheque, los derechos de importación y exportación y las contribuciones patronales.
En las provincias se destacan Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, mientras que a nivel municipal aparecen tasas de inspección, seguridad e higiene, publicidad y otros gravámenes vinculados con inmuebles y vehículos.
El estudio toma como referencia una empresa modelo con empleados, establecimiento propio, vehículos y equipamiento tecnológico, que opera con bancos, importa insumos y exporta parte de su producción.
Aunque hubo una reducción respecto de 2025, cuando se contabilizaban 37 tributos y 30 regímenes administrativos, el informe señala que la baja no implica una simplificación sustancial. La cantidad de impuestos disminuyó por la eliminación de gravámenes internos sobre seguros y telefonía celular, además de un ajuste metodológico. En los regímenes administrativos, una de las bajas respondió al fin del mecanismo vinculado con el Impuesto PAIS y la otra a una obligación específica de las escribanías.
Uno de los principales problemas es que las retenciones y percepciones pueden generar saldos a favor que las empresas tardan en recuperar, lo que inmoviliza recursos necesarios para pagar salarios, proveedores o invertir. A esto se suman el tiempo y los costos destinados a realizar presentaciones periódicas ante distintos organismos, con riesgo de multas por incumplimientos formales. El informe advierte, además, que impuestos como Ingresos Brutos pueden acumularse a lo largo de la cadena productiva y trasladarse a los precios finales, afectando la competitividad de las empresas.
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